465 transportadores del Sitp rechazan propuesta de Peñaloza
Estos pequeños transportadores eran parte de Coobús y Egobús.
El alcalde Enrique Peñalosa hablo la semana pasada del acuerdo que había llegado con un grupo de propietarios de buses, que fueron afectados por la liquidación de dos operadores del SITP, entre ellos 465 rechazaron la propuesta del Alcalde. Estos transportadores insisten en que el Distrito debe responder por su quiebra y pagarles las rentas atrasadas, Consideran que es injusta, la propuesta, pues solo les quieren pagar un reconocimiento y no los 40 meses de renta que les deben desde el momento en que se la jugaron por hacer parte del sistema entregando su único patrimonio.
Cuando los inicios del SITP a los propietarios de los Vehículos que invitaron a participar en las empresas de Coobús y Egobús, los dueños de los buses tradicionales entregaban sus vehículos al nuevo Sistema Integrado de Transporte (SITP) y a cambio las empresas les pagarían una renta mensual que oscilaba entre $1,5 millones y $2,5 millones, por 24 años, los obligaron a aceptar, cancelándoles la tarjeta de operación. En los primeros seis meses, los pagos llegaron puntualmente, al séptimo, el dinero no llegó. Los directivos de Coobús y Egobús esto ocurrió en el año 2010, dinero que no llegó porque los dos operadores no tenían solvencia para trabajar.
La Superintendencia de Puertos y Transporte los intervino, tras hallar irregularidades que pasaban por fallas de gobernabilidad, ausencia de un plan de negocios definido para garantizar su balance financiero, inconsistencias en pagos, incumplimiento en los acuerdos con Transmilenio y cuentas en mora de hasta un año, vino el plan de salvamento que les lanzó el exalcalde Gustavo Petro, que igualmente fracasó y con esto la Superintendencia de Sociedades ordenó su liquidación.
La semana pasada el Distrito afirmó en rueda de prensa que había llegado a un acuerdo con 737 propietarios de 867 vehículos, en el que se les pagaría un reconocimiento por ser los mayores damnificados, aún muchos de los transportadores están inconformes y afirman que el pacto no los incluyó a todos, los transportadores explican que se debe tener claro que los pequeños transportadores se dividen en dos grupos: los que confiaron en el sistema desde el principio y entregaron sus vehículos a cambio de las rentas, y los del SITP provisional, que hoy siguen operando con el modelo de colectivo anterior, según ellos el acuerdo les sirve a quienes aún no han entregado sus buses, “Es una gran mentira que hay solución para todos. En nuestro caso, sería una reparación a medias, porque pagarían una parte por el vehículo, pero ¿quién responde por la renta que por contrato debían pagarnos? El alcalde se mantiene en su posición de que la deuda de la renta es de los privados y no del Distrito”.
El argumento de la administración es que no puede asumir, con recursos públicos, compromisos contractuales entre terceros ajenos al Distrito. “Es lo que jurídicamente pueden hacer después de un estudio legal juicioso, porque en Colombia no existen esquemas de salvamento de transporte público”, comentó la gerente de Transmilenio, pero los transportadores insisten en que la responsabilidad sí es de la de administración y por eso debe responderles: “El Distrito creó el SITP. A nosotros nos obligaron a ingresar cancelándonos las tarjetas de circulación. Confiamos en que los operadores iban a hacer su trabajo, porque se ganaron la licitación, pero eran empresas que no estaban preparadas. La administración debió controlar y administrar el sistema. Nada de eso pasó”, existe un proceso penal contra funcionarios de la administración de Samuel Moreno, quienes desconociendo un concepto que indicaba que ningún concesionario tenía capacidad para operar el sistema de Transporte, adjudicaron contratos de concesión.
La semana pasada el gremio se reunió con una comisión accidental, creada en el Concejo, para buscar una salida al punto de las rentas, pues no quieren que se firme el decreto mientras el alcalde no les reconozca, por lo menos, un porcentaje de lo que perdieron. Denuncian que debido a esta quiebra muchos han tenido que vender sus pertenencias, trabajar en oficios informales y sacar a sus hijos de las universidades. Aunque tienen la intención de volver a empezar, la mayoría tiene más de 50 años y conseguir empleo no ha sido fácil.
