Este Domingo ha comenzado la tregua unilateral de 30 días que declaro la guerrilla Colombiana, tras más de un año de negociaciones de paz.

Colombia busca el cierre de un largo y doloroso conflicto armado, de muchos años de constante guerra entre guerrilleros y gobierno que ha saldadado muchos muertos de parte y parte y de la socieda civil, es un respiro  la iniciativa de las FARC de adelantar un cese de fuego durante esta temporada decembrina.

Ojalá fuera indefinido». Así saludaban este sábado un total de 32 personas y organizaciones colombianas la decisión de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de declarar un alto el fuego unilateral de 30 días a partir de este 15 de diciembre, coincidiendo con las fiestas navideñas y de fin de año.

La guerra entre el Gobierno colombiano y las FARC, el conflicto activo más antiguo del hemisferio occidental, con una duración de casi medio siglo, ha causado, según un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia, cerca de 220.000 muertos. La mayoría de las víctimas, 176.000, son civiles. De cada diez colombianos muertos en los últimos 54 años tres perdieron la vida por causa de la guerra.

Según reconoció el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, las primeras conversaciones informales con las FARC comenzaron nada más asumir su presidencia, en agosto de 2010. Un año y medio y después, el 23 de febrero de 2012, se inició en La Habana un diálogo más directo con los representantes de la guerrilla. Finalmente, el Gobierno colombiano y las FARC confirmaron el 4 de septiembre de 2012 el arranque oficial de un nuevo proceso negociador para poner fin al conflicto armado.

Tras una primera reunión en Oslo en la que se constituyó la mesa de diálogo, el 19 de noviembre de ese mismo año dieron comienzo las negociaciones en La Habana, donde se han venido desarrollando desde entonces. Cuba y Noruega ejercen como garantes, y Venezuela y Chile, como acompañantes.

 Cada delegación tiene un jefe y un número máximo de 30 representantes, de los cuales participan en cada mesa un total de diez. Todos los miembros son plenipotenciarios y tienen acceso a la divulgación de comunicados conjuntos y unilaterales. La delegación de las FARC, cuyo máximo representante es el actual número uno de la guerrilla, Rodrigo Londoño Echeverri, alias «Timoleón Jiménez» y «Timochenko», está liderada por el comandante del Bloque Caribe Luciano Marín Arango, alias «Iván Márquez», número dos de la organización. Al frente de la delegación del gobierno del presidente Santos se encuentra el exvicepresidente Humberto de la Calle.

El presidente Santos ya dejó claro desde un principio que las operaciones militares continuarán hasta que se consiga un acuerdo final, y la guerrilla tampoco ha suspendido de forma indefinida ni sus operaciones ni sus secuestros y atentados. Desde que comenzó el proceso de paz, las FARC han insistido en declarar una tregua bilateral que favorezca las negociaciones, pero el Gobierno se niega, por considerar que, de fracasar el diálogo, el alto el fuego solo serviría para fortalecer a los insurgentes.

 Las conversaciones  de pàz entre gobierno y guerrilla Colombiana incluyen cinco puntos fundamentales: el reparto de la tierra, la participación política, el narcotráfico, el desarme y los derechos de las víctimas. Sobre los dos primeros ya se han alcanzado sendos acuerdos, aunque el Gobierno colombiano insiste en que ningún acuerdo es definitivo hasta el acuerdo final.

El problema de la propiedad de la tierra es considerado uno de los más importantes, ya que constituye el origen mismo del conflicto armado. De hecho, las FARC nacieron, en 1964, a partir de un grupo de autodefensa campesina, y las desposesiones masivas de tierras han sido constantes a lo largo de todos estos años, con cerca de cuatro millones de desplazados. Colombia es, además, uno de los países donde existe más desigualdad en la tenencia de la tierra. Según un informe de la ONU, el 52% de la gran propiedad está en manos de poco más del 1% de la población. Ambas partes, no obstante, consideraban viable un acuerdo, que finalmente se produjo el pasado mes de mayo, en forma de «reforma rural integral». El Gobierno y la guerrilla pactaron aspectos como el acceso, reparto y uso de la tierra, qué hacer con las tierras improductivas, o la formalización de la propiedad. También consensuaron programas de desarrollo e infraestructuras y planes para impulsar el desarrollo social en el campo en áreas como la salud, la educación, la vivienda o la erradicación de la pobreza.

El segundo acuerdo alcanzado hasta ahora, anunciado a principios del pasado mes de noviembre, es el referente a la participación política. El pacto crea «condiciones especiales» para que las FARC, consideradas un «grupo terrorista» no solo por el Gobierno colombiano sino también por Chile, Perú, EE UU, Canadá o la Unión Europea, se transformen en partido político. Deja en el aire, sin embargo, importantes aspectos sobre cómo se llevará esto a cabo. La mayoría de los dirigentes de la guerrilla están procesados o condenados por crímenes de lesa humanidad, y existe un importante rechazo popular y por parte de organizaciones de derechos humanos hacia la posibilidad de que esta reconversión acabe significando la impunidad. Este pacto está condicionado, en cualquier caso, a que se alcance un acuerdo definitivo de paz. Al margen de la polémica sobre el futuro de los dirigentes guerrilleros, uno de los aspectos más interesantes de este segundo acuerdo es que reconoce la irrupción en la vida política de los movimientos sociales, y contempla la instauración de mecanismos «que atiendan en forma oportuna las manifestaciones del derecho a la protesta pacífica».

Según explica en El País diario Español, Humberto de la Calle, jefe del Equipo Negociador del Gobierno colombiano: «A los movimientos que logren una determinada envergadura y que deseen ingresar en la política, se les tendería un puente para facilitar ese tránsito. De igual modo, se establecen mecanismos para la discusión democrática con esos movimientos una vez firmado el acuerdo final», señala.

Los tres apartados pendientes (droga, desarme y víctimas) son especialmente sensibles, y no será fácil llegar a un acuerdo en ninguno de ellos. El primero aborda el problema del narcotráfico, considerado una de las principales fuentes de financiación de las FARC. Para el Gobierno, la guerrilla se ha convertido en «un gran cartel que controla los laboratorios en la selva y maneja las rutas de salida de la droga en el país».

Las FARC lo niegan, asegurando que se limitan a cobrar «un impuesto» a quienes compran coca (para la reventa) en las zonas de producción controladas por los guerrilleros. El problema es muy complejo, y difícilmente podrá resolverse con una declaración en unas conversaciones de paz, ya que su solución implica desde un cambio en la política internacional sobre la «guerra contra las drogas» hasta una revisión del problema de los cultivos ilícitos, lo que entronca directamente con el acuerdo sobre la tierra. La producción no podrá reducirse mientras los involucrados en ella no tengan acceso a alternativas lo suficientemente atractivas como para renunciar al negocio del narcotráfico. Una posibilidad en este sentido es, como explica en la BBC un experto de Nuevo Arco Iris (una fundación colombiana que trabaja por el final del conflicto armado), que los grandes recursos destinados por el Estado para consolidar su presencia –recursos principalmente militares hasta ahora– se reorienten hacia la creación de nuevos proyectos productivos e infraestructuras.

El siguiente punto del acuerdo preliminar estipulará el «cese del fuego y hostilidades bilaterales y definitivo», «la dejación de las armas» y la reincorporación de los combatientes de las FARC a la vida civil «de acuerdo a sus intereses». Sin embargo, el desarme de la guerrilla, de producirse finalmente, no es fácil que sea factible hasta que se haya alcanzado un acuerdo definitivo. Los escenarios posibles van desde una disminución progresiva y general del uso de la violencia armada, hasta desmovilizaciones parciales de carácter regional con pactos específicos, siempre y cuando no existan divisiones internas en el seno de la guerrilla. Actualmente no parece haber disensión, pero las reacciones tras un hipotético acuerdo de paz son imprevisibles.

También será fundamental la forma en que se redefinan tanto la presencia de las fuerzas armadas en las zonas rurales como la misma estructuración del ejército. Por otro lado, la incorporación de los excombatientes a la vida civil puede verse dificultada por, entre otras cosas, el Estatuto de Roma, suscrito por Colombia, y que prohíbe expresamente que condenados por delitos de lesa humanidad tengan vida jurídica.

La negociación sobre los derechos de las víctimas del conflicto ha sido programada como el último punto del diálogo, con la esperanza, probablemente, de que lo conseguido hasta entonces pueda allanar el camino para alcanzar un acuerdo en uno de los temas más complicados, si no el que más, de todo el proceso de paz. En el documento previo a la negociación que firmaron ambas partes quedó recogido que «resarcir a las víctimas está en el centro del acuerdo», pero no se habló directamente de «justicia», ni se concretaron detalles sobre reparación. Por un lado, las FARC difícilmente van a aceptar un pacto en el que no se les garantice impunidad judicial, y eso es algo que las víctimas, en principio, no van a poder asumir. Por otra parte, una eventual reparación debería hacerse, de acuerdo con la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras (aprobada en 2011), con cargo al Estado, aun cuando las violaciones de los derechos humanos hayan sido cometidas por las FARC. La Ley de Víctimas, además, ha recibido críticas de organizaciones de defensa de los derechos humanos. Según Amnistía Internacional, se trata de un importante paso adelante para muchas de las víctimas del conflicto, «pero no garantiza a muchas otras verdadera justicia y reparación». En el documento previo que firmaron ambas partes quedó recogido que «resarcir a las víctimas está en el centro del acuerdo».

Uno de los puntos cruciales de la Ley es que reconoce la existencia de un conflicto armado, negado por el anterior gobierno colombiano. Ello permite otorgar reparaciones plenas a algunos de los supervivientes y que se devuelvan millones de hectáreas de tierras robadas, sobre todo por los grupos paramilitares y, en ocasiones, con la connivencia de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, solo recibirán reparación económica quienes sufrieron abusos después de 1985, y solo podrá reclamarse la restitución de las tierras robadas después de 1991. La Ley excluye también a muchas víctimas recientes de los grupos paramilitares, pues las autoridades afirman que estos grupos se desmovilizaron en un proceso auspiciado por el Gobierno que comenzó en 2003.

A finales del pasado mes de julio, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, admitió ante la Corte Constitucional la responsabilidad que tenía también el Estado en violaciones de los derechos humanos e infracciones del derecho internacional humanitario relacionadas con el conflicto armado, «en algunos casos por omisión, y en otros casos por acción directa de algunos agentes del Estado». Un mes después, las FARC reconocieron, por primera vez, que tienen asimismo parte de responsabilidad, y admitieron la necesidad de identificar y dar una reparación a las víctimas: «Sin duda ha habido crudeza y dolor provocados desde nuestras filas. El enemigo nunca fue ni ha sido fácil; no se sujetó a normas de combate», indicaron en un comunicado leído por el líder guerrillero «Pablo Catatumbo». «Debemos reconocer la necesidad de aproximar el tema de víctimas, su identificación y su reparación con total lealtad a la causa de la paz y la reconciliación», señalaban. «En efecto, y no es otra la realidad, somos una de las partes del conflicto», agregaban, añadiendo, no obstante, que el resarcimiento a las víctimas debe incluir «la obligación para las partes del perdón colectivo».

La ausencia de una tregua general ha sometido al proceso de paz a duras pruebas. El 1 de diciembre de 2012, el ejército colombiano bombardeó un campamento de las FARC, en un acción en la que murieron al menos 20 guerrilleros. Poco después, en enero, volverían los secuestros por parte de la guerrilla, con la captura de dos policías a los que las FARC consideraron «prisioneros de guerra», y que más tarde serían liberados, junto con un soldado. El 21 de julio murieron una veintena de militares en un ataque perpetrado por presuntos guerrilleros de las FARC, y el 12 de noviembre el Gobierno colombiano reveló un supuesto plan de las FARC para atentar contra el expresidente Álvaro Uribe (enemigo acérrimo del proceso de paz), que sería negado posteriormente por la guerrilla. El último golpe fue el atentado contra un cuartel policial perpetrado el pasado 7 de diciembre, en el que murieron nueve personas. Junto a los problemas provocados por la violencia ha habido también escollos políticos. El más importante fue la propuesta de Santos de someter el proceso a referéndum, lo que provocó que las FARC anunciaran «una pausa» en las negociaciones, para finalmente rechazar la iniciativa del presidente.

Por otra parte, la reciente destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, ha sido calificada por la guerrilla de «grave golpe» para el proceso de paz. Petro, exguerrillero del grupo M-19 y una de las figuras más destacadas de la izquierda en el país, ha sido inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 15 años por haber violado los principios de libre empresa y competencia en un servicio municipal, al desprivatizar el servicio de recogida de basuras. Al alcalde, cuya victoria electoral en la capital fue considerada un ejemplo de que la guerrilla puede abandonar las armas y hacer política (uno de los puntos de las negociaciones de La Habana), se le consideraba como probable candidato futuro a la presidencia. Sus seguidores ven en su destitución una clara maniobra política, mientras que sus detractores consideran su autoproclamada vinculación al éxito del diálogo de paz un intento de obtener crédito electoral.

 Aunque ha habido rumores y discusiones sobre una posible interrupción de las negociaciones durante la próxima campaña electoral, el presidente Santos ha declarado que el proceso no se detendrá: «Se ha hablado de romper las conversaciones o de hacer una pausa. No lo vamos a hacer», dijo. «Sería irresponsable romper o hacer una pausa cuando estamos logrando avances reales», añadió, en un discurso a la nación pronunciado el 6 de noviembre. Pese a que la intención inicial de Santos era conseguir un acuerdo definitivo antes de finalizar 2013, el proceso de paz será, pues, el protagonista tanto de las elecciones del próximo mes de marzo para renovar el Senado y la Cámara de Representantes, como de las presidenciales, que se celebrarán el 25 de de mayo.

 El porcentaje de colombianos que cree en la posibilidad de que el Gobierno y las FARC firmen un acuerdo de paz definitivo creció 18 puntos en los últimos dos meses, según una encuesta elaborada por la agencia Datexco, y publicada el 10 de diciembre por el diario colombiano El Tiempo. El sondeo destaca asimismo que el optimismo con respecto al proceso de paz creció desde el 21% en octubre al 39% en diciembre, mientras que el pesimismo bajó del 67% al 52%. Por otra parte, el 43% apoya la gestión de Santos, frente al 26% que había respaldado al mandatario en octubre pasado, antes de que se firmara el acuerdo parcial sobre participación política. La encuesta también señala que el 63% de los consultados no desea la reelección de Santos en los comicios del 25 de mayo, si bien el presidente acumula la mayor intención de voto con un 28%. Un sondeo anterior, realizado por la agencia Ipsos Napoleón Franco y publicado en septiembre por varios medios colombianos, revelaba que el 68% no está de acuerdo con que les sean perdonados los delitos a los guerrilleros. Además, el 80% se mostraba en contra de que los miembros de las FARC salgan de las cárceles colombianas o en el exterior, el 72% considera que los líderes de las FARC no deben participar en política y presentarse como candidatos a elecciones populares, y el 78% de los encuestados espera que los miembros de las FARC vayan a prisión, sin importar el tipo de delito que hayan cometido.