Humberto de la calle dijo que seguirán los parámetros que fija el estatuto de Roma.

El Gobierno dejó este jueves en claro que los acuerdos que se logren en el proceso de paz con las Farc, si se consolida la terminación del conflicto armado, serán acordes con las directrices de la justicia internacional y con los compromisos multilaterales que Colombia ha adquirido desde que aceptó la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, en el 2002.

Así lo ratificó el jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, quien anunció que en ningún momento se ha pensado en transgredir los parámetros que establece el Estatuto de Roma, y mucho menos se ha contemplado la posibilidad de desconocer la órbita de los tribunales internacionales.

“Colombia no está pensando en sustraerse de las normas internacionales”, enfatizó De la Calle durante el foro ‘Marco jurídico para la paz: ¿qué ocurre con las obligaciones internacionales del Estado?’, organizado por EL TIEMPO, la Universidad del Rosario y la Fundación Hanns Seidel.

El jefe de los negociadores de Gobierno señaló que las dos partes tienen claro que en la negociación no se pueden plantear ni aceptar imposibles.

“A nadie en la mesa se le puede ir la mano so pena de no encontrar receptividad en la comunidad. Cualquier desviación está fuera de lugar”, precisó De la Calle.

El Gobierno es consciente de que la paz no se puede construir señalando a las Farc como únicas responsables de la violencia que ha azotado a Colombia en los últimos 50 años, pero también ha insistido en la necesidad de que la guerrilla reconozca a sus víctimas. Esto ya se lo ha planteado y está a la espera de una posición clara al respecto.

“Otros victimarios ya están en proceso de asumir sus obligaciones y de responder al Estado”, precisó De la Calle, quien agregó que “el balón, en materia de justicia y de víctimas, está en el terreno de las Farc y todo depende de sus compromisos”.

Según el ex-vicepresidente, esto necesariamente conecta con la intención del Gobierno de que sea la ciudadanía la que, a través de un referendo, determine si está o no de acuerdo con lo que se pacte en La Habana. “Una refrendación ciudadana brinda mayor legitimidad de los acuerdos”, subrayó.

De la Calle, además, salió en defensa de las herramientas jurídicas que se han empleado como base de los diálogos de Cuba. Aseguró que el marco jurídico para la paz “no es un llamado a la impunidad”, como dicen los “enemigos del proceso” (así lo llama el procurador Alejandro Ordóñez), sino que, por el contrario, establece herramientas que permiten acelerar las investigaciones penales y reconoce la importancia de las víctimas en la búsqueda de la paz.

“No estamos en la teoría del sapo, es insuficiente para explicar el cuadro completo. La justicia transicional es una oportunidad para entablar nuevos valores en la sociedad”, agregó.

En una actitud autocrítica, De la Calle dijo que las observaciones que algunos opositores hacen a aspectos del proceso ayudan a entender su complejidad.

El foro de este miércoles hace parte de los espacios de discusión y análisis de los temas de importancia nacional que EL TIEMPO viene liderando, con el apoyo de la academia, para que la ciudadanía tenga elementos de juicio en su comprensión.

El encuentro fue instalado por Alejandro Venegas Franco, vicerrector de la Universidad del Rosario, quien destacó la importancia de los asuntos abordados. Roberto Pombo, director de EL TIEMPO, aseguró que “el tema es políticamente definitivo”. Y Benjamín Bobbe, director de la Fundación Hanns Seidel Colombia, enfatizó que esta discusión “refleja un pluralismo democrático”.

El procurador General, Alejandro Ordóñez, dijo este miércoles que las obligaciones internacionales de Colombia no permiten que en un proceso de paz haya impunidad total.

“Sin mayores esfuerzos es posible concluir con certeza que de conformidad con las obligaciones internacionales contraídas por el Estado colombiano no es posible en un proceso de paz establecer la impunidad total para los responsables de graves violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario”, dijo el jefe del Ministerio Público.

El funcionario reiteró sus críticas al marco para la paz y recordó que no se puede admitir que quienes hayan cometido delitos de guerra o de lesa humanidad puedan participar en política. “No se puede transigir con la impunidad total, que es lo que quieren las Farc”, concluyó.

En tanto, los juristas Carlos Gaviria, Juan Carlos Esguerra y Carlos Holmes Trujillo dialogaron sobre qué se debe hacer legalmente para consolidar la terminación de más de 50 años de guerra, durante el foro ‘Marco jurídico para la paz: ¿qué ocurre con las obligaciones internacionales del Estado?’,

El ex-magistrado Gaviria aseguró que “no hay tesis peligrosas en una democracia”, por lo que “podría apelarse a aspectos de la justicia restaurativa y sería un acuerdo impecable”. Esto, dijo, con base en la Constitución que debe ser entendida como un vehículo para la consolidación de la paz. “Qué poco creíble y legítima es la justicia que se administra en un ambiente de guerra y de conflicto”, enfatizó.

En esta postura estuvo de acuerdo el ex-ministro Esguerra, quien aseguró, además, que la salida de la guerra tiene que ser política y jurídica para garantizar que la paz sea sostenible en el tiempo y no se exponga al fracaso.

“No convirtamos estos temas en banderas de partidos políticos o en temas de campaña electoral”, pidió Esguerra, quien aseguró que “un acuerdo de paz que se dé con absoluta impunidad no tendría lógica, ni presentación, ni sería admisible en nuestro ordenamiento jurídico”.

Distante de estas tesis se mostró el ex-comisionado de paz Trujillo, quien reiteró que los compromisos de Colombia con la comunidad internacional obligan a que los acuerdos que se hagan con los grupos alzados en armas cumplan parámetros de cero impunidad. “Hay que dirimir el falso conflicto entre guerreristas y pacifistas”, subrayó Trujillo.

Ante el debate surgido en torno a la viabilidad de entregar beneficios jurídicos a las Farc si se logra un acuerdo de paz, el ex-fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Luis Moreno Ocampo advirtió este miércoles que la última oportunidad de dar indultos o amnistías fue en el proceso de El Caguán.

Afirmó que el sistema legal colombiano cambió cuando el expresidente Andrés Pastrana adhirió a Colombia al Estatuto de Roma, que prohibió la impunidad que generaban amnistías o indultos a responsables de crímenes de guerra o de lesa humanidad. “El acuerdo de El Caguán fue el último chance para que eso fuera posible”, advirtió Moreno, quien agregó que “el mundo está cambiando y hay una demanda de justicia (…) a las Farc no pueden darles amnistías, hay un límite”.

Por: El Tiempo.