El Presidente de Colombia Juan Manuel Santos está dispuesto a ejecutar la decisión de la Procuraduría.

Legalmente, el presidente Juan Manuel Santos tendrá hasta el 2 de febrero para ejecutar la destitución e inhabilidad de 15 años que la Procuraduría ratificó este lunes contra el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y en el Gobierno se abre paso la decisión de aplicar la ley y la Constitución.

Según el artículo 107 del Código Único Disciplinario, Petro tiene 8 días calendario –contados desde ayer lunes– para notificarse personalmente de la decisión del Ministerio Público (20 de enero). Si no lo hace, la Procuraduría tiene 3 días más, hasta el 23 de enero, para notificarlo a él y al Jefe de Estado por edicto.

A partir de ese momento, si se dan estos tiempos, el presidente Santos –según el artículo 172 del mismo código– tiene 10 días para ejecutar el fallo, lo que se traduce en que tendría plazo hasta el 2 de febrero para designar a un alcalde encargado y, en el mismo decreto, convocar a elecciones para elegir al reemplazo de Petro. Sin embargo, el procurador Alejandro Ordóñez dijo este lunes en la noche que si Petro no se notifica, el 29 de enero le enviará el fallo a Santos y desde entonces correrían los 10 días para ejecutar el fallo.

 El exministro y exconstituyente Jaime Castro advirtió que acatar unas medidas como las que algunos rumoran que se producirían al desconocer la sanción del Procurador abriría un agujero muy grande a la institucionalidad, no solo hacia delante, sino que cientos de exfuncionarios sancionados disciplinariamente podrían demandar al Estado y exigir cuantiosas indemnizaciones.

“Lo que tenemos que lograr los bogotanos es que esa incertidumbre no se vaya a mantener; eso requiere que el Gobierno Nacional ejecute en un término razonable y breve la decisión del Procurador y que el Movimiento Progresista presente la terna de sus candidatos para que el Presidente nombre un alcalde encargado y convoque a nuevas elecciones para escoger al alcalde que complete el periodo en curso”, dijo Castro.

El mismo procurador Ordóñez dejó claro que si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llega a extender medidas cautelares para ‘salvar’ a Petro, estas no necesariamente son vinculantes. En atención al contexto que se ha ido generando entre los entendidos, al gobierno del presidente Santos no le va quedando otra alternativa que aplicar la sanción confirmada por el procurador Ordóñez.

Otros expertos han descartado que la sanción a Petro afecte el proceso de paz. Santos ha gobernado con un mensaje incluyente y de garantías para todos los sectores políticos; de hecho, esto es parte de la base de los diálogos con las Farc, por lo que su decisión es defender la institucionalidad, el cumplimiento de la ley y el acatamiento de la Constitución.

El exprocurador Jaime Bernal Cuéllar precisó que “la competencia y el deber del Jefe de Estado es evitar que el cargo (de alcalde de Bogotá) quede vacante”.

Los expertos, a propósito del momento, abundan en otras reflexiones. Si hay medidas cautelares y el Presidente determina no ejecutarlas, Santos podría consultar al Consejo de Estado sobre qué camino tomar y así tener un sustento jurídico que respalde su proceder.

Petro declaró a Bogotá en “alerta democrática”, y en una nueva “concentración permanente”, en la plaza de bolivar este lunes en la noche a arengar contra el procurador Ordóñez y a pedir al presidente Santos que no lo destituya.

Desde el pasado martes, cuando la viceprocuradora Marta Isabel Castañeda negó las recusaciones contra ella y la Sala Disciplinaria, arrancó la última fase del proceso de Gustavo Petro en la Procuraduría. En total hermetismo, los procuradores de la Sala Disciplinaria Juan Carlos Novoa y Carlos Arturo Ramírez iniciaron el estudio de la reposición interpuesta por la defensa del alcalde y terminaron ratificando en su totalidad lo decidido el pasado 9 de diciembre: la destitución y la inhabilidad por 15 años, “por tres faltas gravísimas en la implementación del nuevo modelo de aseo en Bogotá”.

La Procuraduría señaló en el fallo de reposición que “encontró probados el conocimiento de la ilicitud y que el servidor público pertenecía al nivel directivo o ejecutivo”. Así, aplicó una sanción de inhabilidad de 12 años por la primera falta a título de dolo, la amplió a 14 por el segundo cargo y la fijó finalmente en 15 años por la falta en la que hubo culpa grave.

En los cinco años que el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, ha estado al frente de esa entidad, 18 gobernadores en ejercicio, más de 800 alcaldes y 23 congresistas hacen parte de la extensa lista de los funcionarios de elección popular castigados disciplinariamente. En el 2010 un fallo de la Procuraduría sacó de la Gobernación del Valle al polémico Juan Carlos Abadía. Fue sancionado por participar indebidamente en política. El alcalde de Medellín Alonso Salazar y el de Bucaramanga Fernando Vargas también fueron destituidos. La sanción les llegó cuando ya habían dejado el cargo. Nelson Mariño, gobernador de Casanare; Cielo González, del Huila y Hugo Aguilar Naranjo, de Santander también están en la lista de funcionarios elegidos sancionados por la Procuraduría. Tan solo en el 2013, el Ministerio Público sancionó a 152 alcaldes y exalcaldes, 87 concejales y 10 gobernadores y exgobernadores.

Proceso del alcalde Petro:

17 de diciembre 2012 El alcalde anuncia que antiguos operadores de aseo no van más. El 18 de diciembre, Aguas de Bogotá asume el tema. El 19 de diciembre, Petro tiene que contratar a los antiguos operadores.

16 de enero del 2013 La Procuraduría informó que abrió investigación disciplinaria por la crisis de basuras que se generó en la ciudad los días 18, 19 y 20 de diciembre del 2012, tras la puesta en operación del nuevo modelo de aseo.

20 de junio del 2013. La Procuraduría formuló pliego de cargos contra el alcalde Gustavo Petro por incurrir en una “total improvisación” y haber causado un detrimento patrimonial por su modelo de aseo.

9 de diciembre del 2013. La sala disciplinaria de la Procuraduría divulgó el fallo que destituye e inhabilita al alcalde por 15 años. El 31 de diciembre, el alcalde interpuso recurso de reposición.

13 de enero del 2014. El procurador rechazó la recusación de Petro en su contra. Acto seguido, anunció que la sala disciplinaria confirmó el fallo del 9 de diciembre que destituyó e inhabilitó al alcalde por 15 años.