El 11 de Marzo del 2004, a las 7:40 A.M. Al Qaeda explotó 10 bombas en 3 trenes en Madrid. El 30% de los afectados aún padece estrés postraumático, depresión o ansiedad.

A las 07:37 de la mañana, la misma hora en que comenzó la cadena de atentados que diez años atrás segó la vida de 192 personas e hirió a 1.927. El repicar de las campanas de sus más de 650 iglesias enmudecerá a una ciudad con el recuerdo del horror porque, pese al paso del tiempo, la amargura y la desolación no consiguen aún despegarse del alma de muchos que atesoran recuerdos de historias de vidas truncadas.

 Diez años después, hay sectores en España que continúan preguntándose quiénes fueron los verdaderos autores y cerebros de la masacre. La solidaridad que movilizó a un país al ver esos vagones convertidos en tumbas y la ausencia de incidentes islamófobos se contrapone a la polarización que no ha conseguido superarse a lo largo de una década. “Los españoles se encararon unos contra otros acerca de a quién culpar”, sostiene el experto en terrorismo, Fernando Reinares.

“Está probado por dos sentencias, la de la Audiencia Provincial y la ratificada por el Tribunal Supremo, quienes y cómo ejecutaron el atentado. Incluso, hay hasta siete reivindicaciones de Al Qaeda”, recuerda el articulista, José Antonio Zarzalejos.

Luis del Pino, periodista en EsRadio, habla de la existencia de “evidencias incontestables” de que la “versión oficial del 11 M” que culpa al islamismo está basada en “pruebas falsas”. “No sabemos quiénes colocaron las bombas ni quién ideó los atentados. El caso se construyó en base a una mochila cargada de explosivo Goma 2 Eco y con más de medio kilo de clavos y tornillos que se encontró en una comisaría pero en ninguno de los cadáveres de los muertos ni en los heridos había esa metralla. Además, las muestras recogidas en los trenes desaparecieron y los propios escenarios del crimen se convirtieron en chatarra a las 48 horas de cometido el crimen”, asegura.

Reinares, autor del libro Matadlos,sitúa el embrión de la matanza en Karachi (Pakistán), un año antes de que se invadiera Irak. Una investigación a lo largo del último lustro le lleva a afirmar que la decisión de atentar fue de un individuo que desde 1994 perteneció a la célula Abu Dahdáh de Al Qaeda en España y que quería vengarse tras el desmantelamiento de la organización en 2001.

La sentencia de octubre del 2007 ratificó que los atentados fueron obra de “células o grupos terroristas de tipo yihadista” y descartó la intervención de Eta. Ocho de los veinticuatro condenados a penas inferiores a diez años después del macrojuicio que se celebró entre febrero y julio de 2007 están hoy en libertad. Los otros se enfrentan a condenas que en algunos casos alcanzan los 42.900 años. Diez implicados no se sentaron en el banquillo porque siete se suicidaron en la localidad de Leganés en abril del 2004 y otros tres murieron en Irak.

Contrario a lo que podría pensarse en un país amenazado por el terrorismo de Eta, no fue hasta los atentados del 11 M en que “se visibilizó al colectivo de víctimas”, asegura José Manuel Rodríguez Uribes, director general de Apoyo a Víctimas del Terrorismo entre el 2004 el y 2011. Esa fría pero luminosa mañana en la que 10 bombazos reventaron el corazón de Madrid también supuso un punto de inflexión en materia legislativa. Durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se modificaron dos cuerpos legales, la Ley de Solidaridad con las Víctimas y el Código Penal, para “prestar apoyo integral a las víctimas, racionalizar las indemnizaciones hasta un máximo de 500.000 euros o aumentar las penas en delitos de terrorismo”, explica Rodríguez Uribes.

La Dirección General desplegó una intensa actividad de localización de heridos y herederos de los fallecidos sobre todo foráneos para en virtud de las diferentes legislaciones sucesorias identificar a los destinatarios de las indemnizaciones.

Según los últimos datos del Ministerio del Interior, se pagó un total de 314,3 millones de euros en concepto de compensaciones a los 192 fallecidos y los 1.927 heridos.

La sentencia estableció una indemnización mínima de 30.000 euros para cualquier víctima de los atentados y la elevó a 900.000 por cada fallecido. En siete casos, los correspondientes a los afectados más graves, la compensación fue hasta de 1’500.000.

Una década después, Laura Vega es la única persona que continúa hospitalizada. En su historial clínico hay una frase lapidaria: no despertará nunca.

Hoy tendría 36 años recién cumplidos pero desde el día en que los terroristas se cruzaron en su camino en los andenes de la estación de Atocha, un estado de profunda inconsciencia se instaló en su vida. Y seguirá así, en coma, ocupando una de las camas de la Unidad de Daño Cerebral de la Fundación Instituto San José.

La sentencia dictada por el Tribunal otorgó a la joven un tratamiento especial: un depósito de 250.000 para costear sus cuidados y una indemnización de 1 millón de euros porque el dolor de los familiares “es casi mayor que si hubiera muerto”.

De los 54 extranjeros fallecidos procedentes de dieciséis países, dos nacieron en Colombia. Gloria Inés Bedoya, 40 años, madre de dos hijos; y, John Jairo Ramírez, natural de Pereira, apodado como ‘NN’, como el personaje de la serie de televisión protagonizada en los 90 por Germán Escallón.

Un 30 % de afectados (heridos, fallecidos y su familiares) padecen aún síntomas de estrés postraumático, depresión o ansiedad. Son datos de un estudio de la Asociación Víctimas del Terrorismo en colaboración con la Clínica Universitaria de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid.

La atrocidad de aquel jueves volverá en estos días a evocar esas imágenes de dolor. Por eso Pilar Manjón, presidenta de la Asociación 11 M Afectados del Terrorismo, no ha querido que en la exposición Trazos y puntadas para el recuerdo, que se inauguró ayer, “haya rastros de sangre”. La muestra es “una ventana de paz en Madrid, 10 años después” a pesar del llanto perpetuo por la ausencia de quienes perdieron sus vidas sobre los rieles.