La ONU da la razón a Julian Assange en su denuncia por «detención ilegal»
El grupo de expertos de la ONU encargado de analizar la denuncia por «detención ilegal» presentada por el fundador de Wikileaks, Julian Assange, ha fallado a su favor, según ha adelantado este jueves la cadena de televisión británica BBC.
El grupo de trabajo de la ONU para las detenciones arbitrarias constituido por seis expertos internacionales tiene previsto exponer el viernes los resultados de su investigación sobre el caso Assange, que impugnó las iniciativas de Suecia y Reino Unido para detenerle y extraditarle.
El fundador de Wikileaks, que permanece recluido en la Embajada de Ecuador en Londres desde junio de 2012, ya ha asegurado en un comunicado que se entregará a las autoridades británicas si Naciones Unidas falla contra él, ya que no habría lugar a otras apelaciones.
Sin embargo, «si prevalece y se determina que los actores estatales han actuado de forma ilegal», espero que se le «devuelva inmediatamente» el pasaporte y «se ponga fin a cualquier nuevo intento» de arrestarle, ha reclamado.
La Policía británica ha advertido de que «la orden de arresto sigue en vigor» y, por tanto, detendrá a Assange si abandona la legación diplomática ecuatoriana.
Assange lleva recluido en la Embajada ecuatoriana en Londres desde el 19 de junio de 2012, cuando solicitó asilo político al país sudamericano. Aunque éste se lo concedió, Reino Unido se negó a darle un salvoconducto, insistiendo en que tiene la «obligación legal» de extraditarle a Suecia.
El fundador de Wikileaks fue objeto en 2010 de cuatro denuncias por violencia sexual en Suecia, de las cuales ya han prescrito tres, aunque aún sigue vigente el cargo más grave, el de violación, que no decaerá hasta 2020. Assange solicitó asilo político argumentando que se encuentra en un «estado de indefensión» ante la posibilidad de que, una vez en Suecia, sea extraditado a Estados Unidos, donde supuestamente se está celebrando un juicio secreto, sin que Australia -su país de origen- lo impida.
Assange asegura que es víctima de una «persecución política» por parte de Estados Unidos por revelar cientos de miles de documentos clasificados del Departamento de Estado sobre las guerras en Irak y Afganistán y sobre las relaciones diplomáticas con otros países.
