Las Fotomultas en Colombia crecen con millonarios recaudos.
En los meses de enero a abril de este año, se impartieron 527.485 comparendos, se imponen más de 4.300 comparendos al día.
El número de comparendos que les han impuesto a los dueños de los vehículos sorprendidos por las cámaras ha ido en aumento en un 25% este año, aún cuando los trámites en el Congreso del proyecto de ley que busca la regulación en la instalación de dispositivos de fotomultas no ha terminado. En los meses de enero a abril del 2015, los dispositivos de detección electrónica de infracciones impusieron 420.260 comparendos. Este año, la cifra va en 527.485. En promedio se están imponiendo 4.359 por día, las estadísticas del Sistema de información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito, indican además que la deuda que acumularon los dueños de los vehículos sancionados por fotomultas alcanzó los 164.556 millones de pesos, un 15 por ciento más de la cartera que se acumuló en los primeros cuatro meses del 2015.
También vienen en aumento en algunas ciudades las faltas y errores que detectan los dispositivos, en la ciudad de Barranquilla se acaba de estrenar nueve cámaras para tener un total 37, cinco de detectarán a quienes se detengan sobre una cebra, y otras cuatro supervisarán a quienes violen el pico y placa, en la ciudad de Medellín, las cámaras ya habían empezado a sancionar a quienes tuviesen el Soat vencido, o sin la revisión técnico-mecánica al día, desde el mes de diciembre pasado. Los incrementos de los comparendos se dan en medio de los cuestionamientos que han rodeado a estos dispositivos, pues si bien han sido instalados, en parte, para incentivar el respeto hacia las normas de tránsito, también han crecido las quejas por las llamadas ‘fotomultas tramposas’, ubicadas principalmente en vías nacionales, se han denunciado casos donde las cámaras detectan a quien sobrepase límites de velocidad impuestos muy por debajo de los topes máximos permitidos en importantes carreteras, y otras veces hay dispositivos sin señalización suficiente que advierta de ellos, además de el margen de error que poseen los dispositivos electrónicos.
A estas denuncias, que se han realizado desde el Congreso y por conductores en distintos puntos del país, se suman los reclamos de un grupo de nuevos alcaldes que encontraron las cámaras instaladas en sus municipios al empezar sus mandatos, y cuestionaron que las empresas que tienen las concesiones para administrarlas se quedan con la mayoría de los porcentajes del recaudo de los comparendos. Aunque las infracciones detectadas con fotomultas vienen creciendo, también, en los últimos meses, los mandatarios que se oponen a los sistemas han tomado medidas para intentar recortar el alcance de los acuerdos que hicieron sus predecesores.
En Floridablanca departamento de Santander, la Alcaldía expidió una resolución en la que restringe la movilización de los carros ‘cazainfractores’, que, con cámaras, recorren el municipio en búsqueda de los conductores que parquean en sitios prohibidos o violan alguna normativa de tránsito y precisó que los vehículos pertenecientes a la firma Infracciones Electrónicas de Floridablanca S.A.S. no podrán transitar por el casco antiguo del pueblo, en la ciudad de Cali, el alcalde Maurice Armitage fue un paso más lejos y mantiene la suspensión a la circulación de seis vehículos de fotomultas móviles que tomaban el registro de los carros mal parqueados. Varios sectores comerciales de la ciudad, como pasó en Floridablanca, venían quejándose de que sus ventas estaban bajando por los operativos de los cazainfractores.
También hay quienes se han ido contra el recaudo. En la ciudad de Ciénaga departamento del Magdalena, el Instituto de Tránsito modificó a través de un otrosí el contrato con la Unión Temporal Gestión del Tránsito Seguro, que además del 45 por ciento del recaudo de las fotomultas recibía otro 45 por ciento por el cobro de los comparendos que imponía la Policía. Este último porcentaje, tras la negociación, lo dejó de recibir. Además, según la Alcaldía, se estudia aumentar el límite de velocidad impuesto (30 km/h en una vía nacional) y hay una negociación para bajarle el monto al porcentaje que recibe el interventor, que se queda con el 7 por ciento de los ingresos que le corresponden al municipio.
Fuente: El tiempo
