Río de Janeiro, en la ruina y al borde de una explosión social a menos de 100 días de los Juegos
A menos de cien días del inicio de los Juegos Olímpicos, el estado brasileño de Río de Janeiro se ahoga en la bancarrota y sus autoridades reconocen que atraviesa una «situación calamitosa» que puede desembocar en una explosión social en vísperas de la competición, que comenzará el próximo 5 de agosto.
Con cerca de 16,5 millones de habitantes (6,3 de ellos en su capital, Río de Janeiro), el estado está «próximo a un colapso social», como reconocía esta semana Leonardo Espíndola, un alto funcionario regional, a la prensa local.
El estado ha sufrido también el impacto del escándalo desatado en la petrolera estatal Petrobras, eje de una compleja trama de corrupción, desvíos y lavado de dinero que salpica a funcionarios del gobierno de Dilma Rousseff, dirigentes de la oposición y a algunas de las principales empresas del país, muchas de ellas involucradas en la proyectos relacionados con las infraestructuras de los Juegos Olímpicos.
Con una nutrida nómina de compromisos de pago, las pérdidas del estado se acercan a los 5.000 millones de dólares anuales y su déficit supera los 20.000 millones de dólares. La mala gestión administrativa es otro de los factores que agravan el problema, según coinciden analistas locales que destacan que el gobierno regional no tuvo la previsión de crear un fondo de contingencia en épocas de «vacas gordas» para hacer frente a una eventual caída de sus beneficios petroleros.
La situación es «calamitosa», admiten las autoridades, que no pueden contar con el apoyo del Gobierno federal, en medio de la recesión económica que sacude a Brasil (con el mayor desplome en un cuarto de siglo) y la profunda crisis política que ha colocado a la presidenta Rousseff al borde del abismo.
La administración regional ha acometido ajustes, ha dilatado el pago de salarios a sus funcionarios e incluso ha recortado los horarios de la policía para recortar gastos. Las consecuencias no se han hecho esperar: problemas en la atención sanitaria, en la educación, en la seguridad y retrasos en los pagos de las prestaciones sociales, en especial a los jubilados.
La gobernación decretó emergencia la pasada navidad y dejó sin aguinaldo a medio millón de trabajadores y pensionistas. Lejos de mejorar, la situación ha empeorado y, aunque el estado no es directamente responsable de la organización de los Juegos Olímpicos, es parte implicada y el «colapso» que reconocen sus autoridades puede impactar en ellos.
Los recortes en la atención sanitaria son una de las mayores preocupaciones de la población en medio del temor provocado por las epidemias de dengue, zika y ahora también de gripe A. Una docena de hospitales regionales ha reducido sus servicios y no atiende urgencias por falta de medicamentos y recursos básicos
En las universidades, los alumnos encadenan sus protestas por los ajustes en sus becas, mientras más de 100.000 jubilados ven peligrar sus prestaciones.
La seguridad no es un capítulo menor. El ajuste de los salarios de la policía se ha traducido en un recorte de su jornada laboral, lo que ya empieza a tener efectos en las zonas más conflictivas, en especial en las favelas, donde en los últimos meses se ha detectado un aumento de la violencia.
Un escenario poco optimista para unos Juegos que han requerido inversiones millonarias de las distintas administraciones (federal, regional y local), con compromisos de obras de calado que ahora pueden quedar en el aire, como el metro que uniría la turística zona sur de Río de Janeiro con Barra de Tijuca, donde se ubica el Parque Olímpico, y que es responsabilidad de la gobernación.
Pocos apuestan a que la esperada llegada masiva de turistas durante los Juegos Olímpicos, del 5 al 21 de agosto, y los Juegos Paralímpicos, en septiembre, permita equilibrar las cuentas. «La situación es crítica», resume el secretario regional de Hacienda.
