El presidente Colombiano Juan Manuel Santos ejecuta la destitución de Gustavo Petro.

Las consultas que realizó el pasado miércoles el presidente Santos para blindar jurídicamente su decisión de ejecutar la destitución de Gustavo Petro comenzaron desde los partidos de la Unidad Nacional hasta los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

 El procurador Alejandro Ordóñez le envió un mensaje al mandatario indicándole que quería una audiencia para hablar del caso. Si bien hubo un cruce de comunicaciones sobre el tema, el encuentro personal no se concretó. Sin embargo, antes de mediodía estaba en Palacio la comunicación oficial de la Procuraduría que pedía ejecutar la destitución. Para esto, el Ministerio Público decidió no esperar a una comunicación formal del Consejo de Estado sino notificarse por medios del fin de la ‘tutelatón’ que mantuvo al Alcalde en su cargo por casi 4 meses.

 Santos empezó a recibir en la Casa de Nariño a las bancadas de los partidos, siendo el primero el Conservador. Los congresistas azules le pidieron que hiciera respetar la institucionalidad colombiana. “Expresamos que el hecho de aceptar esas medidas cautelares desencadenaría miles de demandas contra el fisco: las de todos los destituidos por la Procuraduría”, enfatizó el senador Efraín Cepeda. Luego, arribaron a Palacio los miembros de la bancada del Partido Liberal, que no solo le reiteraron a Santos su respaldo incondicional a la decisión que adoptara, sino que además coincidieron en expresar sus reservas sobre el trámite del polémico caso en la Comisión. “El Presidente nos habló de la extrañeza que generaba que la Comisión Interamericana hubiera tomado una decisión con suprema rapidez frente al fallo del Consejo de Estado”, contó Simón Gaviria, jefe único del liberalismo.

Aunque por Palacio también pasaron su fórmula vicepresidencial para la reelección, Germán Vargas Lleras, y el director de Human Right Watch, José Miguel Vivanco, sus opiniones fueron mantenidas en secreto. No obstante, Vivanco dio un corto “sí” a su arribo a la Casa de Nariño cuando se le preguntó si consideraba vinculantes para Colombia las medidas que pidió la CIDH.

 Santos y su equipo jurídico comenzaron el análisis final de todos los escenarios que se presentaban sobre el caso Petro. En este encuentro se hicieron consultas con la CIDH y con el Consejo de Estado, para adoptar la decisión que finalmente se hizo pública después de 4 horas de deliberación.