Sigue la Guerra en Colombia contra Uber
Las agresiones contra Uber siguen aumentando, el servicio se siga prestando pese a su prohibición en Colombia.
Cada día crece más la polémica por la reglamentación a este tipo de aplicaciones móviles en Colombia. Quemar un carro de un particular, sin importar la supuesta justificación es un acto terrorista. No vamos a tolerar el terrorismo en Bogotá, ha sido las palabras de el alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa al conocer el reciente hecho de la quema de un automóvil por parte de un taxista.
No es la primera vez que actos violentos se registran en Bogotá y en otras ciudades del país en contra de los carros blancos y particulares que trabajan con esta aplicación de Uber, el Gobierno Colombiano ha destacado que la norma que regula el transporte público es clara en decir que para poder prestar un servicio de transporte público se debe realizar a través de empresas habilitadas y vehículos autorizados, norma que no cumple Uber. “En ese sentido, quien preste un servicio que no esté dentro del marco normativo colombiano se considera como un servicio ilegal y ahí caben las plataformas digitales que quieren sustituir a las empresa de transporte”, dijo el viceministro de transporte, Alejandro Maya, luego de conocer el incidente. El Gobierno destacó que deja las puertas abiertas a este tipo de tecnologías en el uso del transporte siempre y cuando estén bajo las normas colombianas y aseguró que hoy hay cuatro plataformas que han radicado esas tecnologías en el ministerio para ser homologadas y así demostrarle al país y a aquellas aplicaciones que aún insisten en prestar un servicio ilegal que sí se puede hacer uso de esa tecnología, pero con reglamento.
En diferentes escenarios, esta aplicación que llegó al país en el 2013 ha manifestado que no se considera ilegal y que el derecho de los colombianos a tener una alternativa de movilidad más segura y confiable, así como el acceso a una oportunidad flexible de ingreso para las personas que necesitan una ayuda extra en su economía, está protegido por la Constitución colombiana. “Estamos acudiendo a las instancias que ofrece el ordenamiento jurídico vigente para que ese derecho sea respetado”, puntualizó Uber Colombia.
El ministerio de transporte informó que en el 2016 se inmovilizaron 35.000 carros que prestaban el servicio de transporte ilegal en Colombia, 5.000 en Bogotá, ciudad en la que se presentó el caso de incineración que revivió la polémica. La Policía de Tránsito ofreció 10 millones de pesos de recompensa a quienes den información sobre los responsables del ataque. El gremio taxista, en voz de Ernesto Sandoval, representante de los taxistas en Fenalco Bogotá, rechazó las agresiones. “Pido que se identifique a la persona que un día incita a los bloqueos de Uber y al otro día descalifica los mismos actos”. El viceministro les pidió a las alcaldías locales redoblar los esfuerzos para combatir la ilegalidad en la prestación del servicio de transporte público en Colombia. Pero no solo se trata de que las autoridades sigan controlando la prestación ilegal de este servicio, el ministerio quiere llegar más allá y espera el fallo a la demanda radicada el pasado 5 de noviembre en la que le solicitan al juez 45 Civil del Circuito Bogotá en una medida cautelar que desactive de forma inmediata la plataforma digital Uber, mientras se realiza un pronunciamiento de fondo por parte de la justicia.
